Por Eduardo Parraguez Córdova

Una de las estrategias utilizadas por las defensas de los acusados durante todo el desarrollo del “caso Main” o “caso asesor”, es la desacreditación constante de los testigos principales, ya sea a través de una cobarde intromisión en aspectos de la vida privada de cada persona o ya sea a través de lo que fue un sinnúmero de acciones dilatorias del proceso, que en definitiva no produjeron ningún efecto sobre la condición judicial de sus defendidos.

No obstante, un aspecto que resulta peligroso, preocupante y absolutamente deleznable, es el permanente esfuerzo por atentar en contra de la libertad de prensa y la libre opinión que tenemos como derecho humano todos los ciudadanos.

Peligroso, porque se trata de renombrados abogados que se empeñan en refutar y tratar de destruir la verdad indesmentible, sea cual sea el caso judicial. Preocupante, porque no sólo se trata del defensor de causas como el “caso Penta”, sino que también de profesionales locales que constantemente han atacado a periodistas y medios de comunicación locales, con burdos intentos de silenciar los hechos e impedir la libertad de prensa.

Deleznable, porque tal como lo dice la RAE es sinónimo de despreciable, censurable y que no merece ser tenido en consideración.

Lamentablemente, son situaciones que sucedieron y siguen sucediendo en el marco del juicio oral iniciado el martes 2 de junio en contra de los acusados por fraude al fisco Karen Rojo, quien arriesga siete años de cárcel, y Héctor Gómez junto a Edgardo Vergara quienes arriesgan 5 y 3 años respectivamente.

Hablo de acciones como : impedir el ingreso de los medios a las audiencias, acusar y pedir la salida de periodistas y una constante crítica a la labor de informar y comunicar de los medios locales, siguen siendo la tónica en este caso que ha remecido al gobierno comunal.

Lo más triste de todo es que ninguna de las instancias que podrían emitir un pronunciamiento no lo han hecho debido al desconocimiento absoluto que tienen del desarrollo de este caso que comenzó en agosto del 2016 con una denuncia en Contraloría y que hoy en día continúa con un juicio oral en contra de los acusados.

No importa sea el gremio de los periodistas, alguna asociación de medios, o quizás un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. Lo trascendental , es que son situaciones que fueron cotidianas durante los 17 años de la dictadura militar de Pinochet, y que en la actualidad siguen ocurriendo en Antofagasta.