Rodrigo Ramos Bañados

El aeropuerto de Antofagasta, bautizado con el nombre del poeta Andrés Sabella, es el lugar más peligroso en la ciudad. Luego siguen los alrededores a los residenciales donde habitan los mineros. Ni transitar por ahí. Muchos buses van directo desde la faena hasta algunas de las tantas residencias sanitarias. La empresa contratista debe buscar en alguna parte del país a mineros sanos.

La mayoría de esos mineros son población flotante. Hombres y mujeres provenientes principalmente de las regiones Metropolitana y el Biobío. Personas que trabajan en los diversos turnos. El dinero que se logra por este sacrificio compensa esa manera de laborar. No hay otra razón para justificar.

La región de Antofagasta, como es sabido, es la principal fuente de ingresos para el país, a través de la estatal Codelco. También es una millonaria fuente de dólares para grandes trasnacionales de la minería –algunas de capitales chilenos-  a un costo mínimo por los protegidos impuestos para el sector. Detrás de las grandes mineras funcionan grandes y medianas empresas de servicios industriales (desde el puerto,  termoeléctricas, transporte, etc) que cierran el círculo. 

Antofagasta como urbe se beneficia de la minería a través del comercio.  La ciudad, que cuenta con  alrededor de 400 mil habitantes y una población de inmigrantes que llega al 30%, se beneficia del chorreo minero. Por consiguiente, el poder adquisitivo es más alto que en otras urbes del país y esto se refleja en la necesidad de consumo. Con el comercio cerrado o funcionando a la mínima capacidad por una extensa cuarentana, el costo ha sido alto para la población local. Las ollas comunes se han vuelto evidentes. Los campamentos siguen escalando hacia los cerros.

La dependencia económica de la minería es total en Antofagasta y esto es proporcional al poder de las mineras en cuanto a decisiones políticas.

En tiempos de pandemia la minería no se ha detenido. No se detuvo en el momento más álgido en María Elena que fue la comuna más afectada del país según su tasa de incidencia, que considera los contagios cada 100 mil habitantes. María Elena es controlada por SQM. Mejillones también tuvo una alta incidencia. Mejillones es controlado por las termoeléctricas. Calama dobla a Antofagasta en la cantidad de decesos. Calama es la sede de Codelco.

Para sopesar el dilema, las grandes mineras ejecutan una serie de donaciones de manual para centros de salud y otros beneficios. No es extraño que el ministro Paris anunciara que se creará en Antofagasta un centro de vacunas para el Covid 19. Donaciones que son acompañadas por personeros del gobierno regional y que cuentan con difusión de prensa. Mientras se producen estas donaciones, la demanda de recurso humano continúa. Una empresa contratista de un promedio de 200 trabajadores mantiene la mitad contagiada y en cuarentena.  A esa contratista, la gran minera mandante le exige dotación completa a sabiendas de la crisis sanitaria. La empresa contratista se ve en la necesidad de enganchar personas en otras regiones. Y así el Covid 19 avanza.

Son tiempos de bonanza para la gran minería por reactivación en China y los altos precios del cobre. Bonanza cuyo efecto ha sido devastador para las personas, a vista y paciencia del gobierno.